Un aluvión de lodo en Tartagal (en el noroeste de Argentina, a 55
kilómetros del límite con Bolivia) provocó la desaparición el lunes de
dos mujeres, y dejó 1.500 personas sin hogar y otras 8.500 afectadas.
Pero la inundación de barro en esa ciudad de la provincia de Salta, que
el miércoles fue visitada por la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, también encendió el debate por la relación entre ese desastre
natural y la deforestación que sufre Argentina; y por los 14 meses de
retraso que lleva el Gobierno de este país en reglamentar la ley de
protección ambiental de bosques. Organizaciones no gubernamentales
reclaman que el Ejecutivo reglamente esa norma para frenar la tala de
árboles nativos del país, e incluso Greenpeace ha instalado un teléfono
rojo en plazas de Argentina para recoger las protestas de los ciudadanos
y enviarlas a un número de la Casa Rosada (sede del Gobierno
argentino)
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